En una carta conjunta de las tres entidades, que representan a más de 110.000 profesionales colegiados, manifiestan que, ante la situación generada por la rápida transmisión del COVID-19, esta medida contribuiría al esfuerzo colectivo por detener la expansión y garantizar las condiciones de seguridad y defensa de la salud de todos los agentes, trabajadores y personal interviniente en la obra establecidas en los protocolos sanitarios oficiales y demás normativa aplicable.
Conscientes de la diversidad de actividades y circunstancias de las obras, las tres entidades también plantean que, en la situación actual, en la que el Gobierno ha establecido el confinamiento, el distanciamiento social y medidas para evitar el contagio, preservando la actividad económica, es necesario contemplar supuestos en los que el mantenimiento de obras y actividades, por su naturaleza específica, pueda ser compatible con las restricciones generales establecidas.
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